La acumulación de trabajo, las vacantes que se vienen produciendo y la necesidad de agilizar la gestión del expediente digital y la atención al público obligó a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia a ordenar la creación de una Oficina de Gestión Asociada, similar a la que ya funciona en el fuero penal, pero en este caso para los juzgados del Trabajo de la IVº, Vº y XIº Nominación del Centro Judicial Capital. 

Esto implica la reasignación de tareas a funcionarios y a empleados y el rediseño de los circuitos de trabajo, tanto jurisdiccionales como administrativos. La medida se implementará desde el 20 de septiembre y no está exenta de polémica ya que algunos de los afectados, sin dar nombres, la rechazaron.

Según la resolución que firmaron los cinco miembros del Alto Tribunal, Daniel Leiva, Claudia Sbdar, Daniel Posse, Antonio Estofán y Eleonora Rodríguez Campos, las Oficinas de Gestión Asociada como organización de carácter jurisdiccional “deben tener una estructura ágil, flexible y promover una equitativa carga de trabajo ajustada a las necesidades actuales: la tramitación digital, la desformalización en los procesos, la mejor comunicación y la búsqueda de la eficiencia”. 

Así se unificará la atención al público, de la gestión del expediente digital, de la realización de las comunicaciones y notificaciones, de la preparación del despacho, de la asistencia en las audiencias y la recepción de ellas en los casos de audiencias testimoniales y confesionales. 

“Asimismo, estará a cargo del dictado de las resoluciones de mero trámite en la medida que no impliquen la admisión o denegación de un derecho, en virtud de las atribuciones que la Ley N° 9.607 y modificaciones confiere a los Secretarios”, agregaron. 

Según explicitaron, “los magistrados a cargo de los Juzgados mantendrán la jurisdicción e intervendrán en las causas asignadas de manera unipersonal con las competencias jurisdiccionales correspondientes al fuero. Serán asistidos por funcionarios que cumplirán las funciones de relatoría, quienes continuarán prestando servicios en los Juzgados mencionados.

A finales del año 2022 la Legislatura de Tucumán sancionó la Ley N° 9.607, por medio de la cual facultó a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia a crear Oficinas de Gestión Asociada en los distintos fueros y Centros Judiciales, de conformidad con las necesidades del servicio. Paralelamente, otorgó a la Corte la facultad de disponer la fusión de las unidades jurisdiccionales existentes a fin de que presten servicio bajo esta nueva modalidad.

Este nuevo formato de organización de la actividad jurisdiccional separa, por un lado, la actividad de los jueces, quienes podrán dedicarse en forma exclusiva al dictado de las sentencias y providencias, y a la participación en las audiencias en la medida que su presencia fuere requerida. Y por el otro, la tramitación del expediente digital bajo una estructura común. 

Dicha Oficina tiene a su cargo la atención al público, la gestión de las  comunicaciones y notificaciones, la preparación del despacho, la asistencia en las audiencias, el dictado de las resoluciones de mero trámite en la medida que no impliquen la admisión o denegación de un derecho, entre otras tareas.

En este caso, el personal que integre la Oficina de Gestión Asociada, brindará asistencia a tres magistrados en lugar de a uno, con circuitos de trabajo estandarizados, lo que facilitará la interacción con los usuarios externos.

En la Corte advirtieron que “este nuevo tipo de diseño aporta numerosas ventajas frente a la estructura organizacional tradicional, entre las que se destacan lo señalado respecto a la concentración de la actividad de las/los magistradas/os en dictar sentencias e intervenir en audiencias; liberándose de otras tareas, como el gerenciamiento del personal o la organización de circuitos de trabajo homogéneos dentro de la unidad”.

Algunos jueces que pidieron que no se publique sus nombres se mostraron recelosos de la situación ya que advirtieron que se podrían cercenar sus facultades, y que podría haber demasiada acumulación de  responsabilidades.

Según el informe oficial, “se pretende la mejora en la distribución del trabajo en pos de una mayor eficacia y de una máxima optimización de recursos existentes y, además, uniforme los criterios de trabajo que hagan el servicio previsible para sus operadores y para los ciudadanos que acuden a los tribunales en busca de una solución”. 

Cada juez asistido por la Oficina de Gestión Asociada mantendrá la jurisdicción sobre las causas que le fueran asignadas.